Tribunal Supremo Electoral de Guatemala cancela la personalidad jurídica del partido Semilla

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala anunció este jueves la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, el partido político que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo, quien asumió el cargo en enero de 2024. La decisión se tomó tras una orden del juez Fredy Orellana, del Tribunal Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Antecedentes del caso

El Movimiento Semilla ha sido señalado por el Ministerio Público (MP) desde julio de 2023 por presuntas irregularidades en su proceso de formación. Según las autoridades, se detectaron más de 5.000 inscripciones fraudulentas, incluyendo registros de personas fallecidas antes de constituirse el partido.

Arévalo y otros líderes de Semilla han calificado estas acciones como una «persecución política» liderada por la fiscal general Consuelo Porras. El presidente ha solicitado públicamente la renuncia de Porras, acusándola de «incumplimiento de deberes», mientras que ella ha rechazado las acusaciones argumentando que carecen de sustento legal.

Semilla enfrenta la cancelación

El partido Semilla rechazó el fallo del TSE, argumentando que no debe entrar en vigor debido a una reciente reforma aprobada por el Congreso de Guatemala el pasado martes. Dicha reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada prohíbe a los jueces suspender la inscripción de organizaciones políticas.

El diputado de Semilla, Samuel Pérez, cuestionó la legalidad de la resolución y subrayó que el fallo contradice el marco legal vigente. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, defendió las acciones del Ministerio Público, asegurando que estas se basan en fundamentos técnicos y jurídicos. Curruchiche afirmó que cualquier parte inconforme con las resoluciones puede impugnarlas mediante los canales legales correspondientes.

Posición del Congreso y la Corte de Constitucionalidad

El presidente del Congreso, Nery Ramos, del Partido Azul ―un aliado del presidente Arévalo―, informó que el jueves recibieron la notificación de la cancelación del partido Semilla. Sin embargo, señaló que el TSE aún no ha comunicado oficialmente su decisión al Congreso.

En tanto, la Corte de Constitucionalidad (CC) había suspendido temporalmente la cancelación de Semilla mientras se resolvía su situación jurídica. Bajo esta medida, los diputados de Semilla no han podido formar parte de la Junta Directiva del Congreso ni presidir comisiones, según Ramos.

Reacciones internacionales y sanciones

Las acciones del Ministerio Público, encabezadas por Consuelo Porras, han generado condenas internacionales. Desde septiembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Porras, acusándola de obstruir investigaciones de corrupción. Estas sanciones incluyen la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para ella y sus familiares directos.

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea y el Gobierno de Canadá han emitido sanciones contra Porras y otros funcionarios del Ministerio Público, acusándolos de «socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala». Estas acciones han sido rechazadas por los sancionados, quienes argumentan que solo están cumpliendo con la ley.

Implicaciones políticas

La cancelación de Semilla representa un desafío directo para el presidente Bernardo Arévalo, cuyo gobierno enfrenta una creciente presión tanto en el ámbito legal como político. Arévalo ha denunciado que las acciones contra su partido buscan desestabilizar su administración y socavar el orden democrático.

La situación también profundiza la crisis política en Guatemala, donde las tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y las instituciones judiciales han puesto en duda la independencia de los poderes del Estado.

El futuro del Movimiento Semilla y del gobierno de Bernardo Arévalo dependerá en gran medida de las próximas decisiones legales y políticas. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa vigilando de cerca los acontecimientos en Guatemala, presionando para garantizar el respeto al Estado de derecho y la democracia en el país.