Desafíos en la afiliación a la seguridad social en España

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Los niveles de afiliación a la Seguridad Social en España han alcanzado un total de 521.891 durante los primeros seis meses del año, lo que representa un incremento del 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este es un récord histórico desde que se comenzó a registrar esta serie en 2013. Sin embargo, este aumento se produce en un contexto de preocupaciones y quejas por parte de patronales y sindicatos, que esperan conocer la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Recientemente, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicó una resolución en la que se afirma que los regímenes de indemnización actuales, que ofrecen un máximo de 24 meses de salario por despido, no cumplen con lo estipulado en la Carta Social Europea. Esta situación es problemática, ya que no proporciona una compensación adecuada para los trabajadores ni desincentiva adecuadamente a las empresas a despedir de manera injustificada.

El PSOE y Sumar han acordado revisar la regulación de los despidos para alinearse con la legislación europea. Sin embargo, este movimiento ha generado divisiones entre los ministros, ya que implica reconocer las críticas del Comité. Se plantea la posibilidad de eliminar el límite de 24 meses de indemnización e introducir compensaciones adicionales según las circunstancias del trabajador afectado.

Los sindicatos, especialmente UGT, han llevado esta cuestión a Europa, argumentando que las reformas laborales han llevado a un incremento significativo en las bajas laborales injustificadas. En el primer semestre de 2021, las bajas por despido aumentaron un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar indemnizaciones justas, dejando a los trabajadores sin protección.

A pesar de que algunos empleados se ven obligados a enfrentarse a causas disciplinarias sin derecho a indemnización, muchos de estos casos terminan en procesos de conciliación o judiciales. Esto se traduce en una bonificación indemnizatoria de 33 días, lo que resulta costoso para las empresas. De hecho, muchas prefieren justificar sus despidos por razones objetivas, que en la práctica son más fáciles de argumentar.

Las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social corroboran esta tendencia: el 54,9% de las bajas se clasifican como disciplinarias individuales, mientras que solo el 41,85% se deben a causas objetivas, como razones económicas o técnicas. Es importante destacar que estas cifras se basan en la justificación presentada en el momento del despido, no en revisiones posteriores.

A pesar de la aparente mejora en los niveles de afiliación, los datos sobre despidos y costos también muestran un aumento en las bajas laborales. Este escenario se ha acentuado tras la reforma laboral, que ha derivado en un incremento de despidos, especialmente entre trabajadores recientemente contratados o con menor antigüedad.

El debate sobre la regulación del despido sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de esta normativa genere inseguridad jurídica durante las negociaciones. Se discute la posibilidad de mantener el límite actual pero ofrecer más herramientas a los jueces para fijar indemnizaciones más altas en casos de despido injustificado.

PSOE y Sumar también prefieren enfocarse en acuerdos que aborden la reducción de la jornada laboral antes de entrar en el debate sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual revela un panorama complejo que exige un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad económica para las empresas.

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