Corea del Sur se encuentra al borde de una crisis institucional sin precedentes mientras el expresidente suspendido, Yoon Suk Yeol, enfrenta un juicio político y una orden de arresto por cargos de insurrección y abuso de poder. Desde su residencia fortificada en Seúl, Yoon permanece resguardado por su equipo de seguridad presidencial y cientos de simpatizantes, mientras las tensiones políticas y sociales aumentan en todo el país.
En diciembre pasado, Yoon declaró brevemente la ley marcial, lo que desencadenó una ola de indignación pública y marcó el inicio de su caída política. La Asamblea Nacional votó a favor de su destitución después de que incluso miembros de su propio partido gobernante lo abandonaran. Ahora, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene la tarea de decidir si confirma esa destitución o lo reinstala en el cargo.
“Lucharé hasta el final”, afirmó Yoon a través de un mensaje transmitido por su abogado, insistiendo en que la declaración de ley marcial fue legítima y que los intentos de arrestarlo son “ilegales e inválidos”.
Citando preocupaciones de seguridad, Yoon ha indicado que no planea asistir a la primera audiencia formal de su juicio político, programada para este martes. Esta decisión ha generado críticas tanto de sus opositores políticos como de los investigadores que buscan ejecutar la orden de arresto en su contra.
El conflicto en torno a su residencia fortificada
Desde que fue suspendido de sus poderes presidenciales, Yoon se ha refugiado en su residencia en Seúl, donde su equipo de seguridad presidencial (PSS) ha reforzado las medidas de protección con alambres de púas, vehículos bloqueando las entradas y un “muro humano” formado por miembros de seguridad y simpatizantes.
El intento más reciente de arrestarlo ocurrió a principios de enero, cuando investigadores anticorrupción intentaron ingresar a la residencia, resultando en un enfrentamiento de varias horas entre las fuerzas de seguridad y los agentes encargados de ejecutar la orden. El operativo fue cancelado debido a preocupaciones por la seguridad de los involucrados, pero la orden de arresto sigue vigente, y se espera un nuevo intento en los próximos días.
“Es prácticamente imposible ejecutar una orden judicial en la residencia de Yoon mientras el equipo de seguridad continúe protegiéndolo”, señaló la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango (CIO).
El CIO ha solicitado la cooperación del Ministerio de Defensa y del equipo de seguridad presidencial para garantizar que los soldados desplegados en la residencia no obstaculicen los esfuerzos para arrestar a Yoon. Además, advirtió que cualquier interferencia podría derivar en sanciones penales.
Las acusaciones contra Yoon y las investigaciones en curso
Yoon enfrenta múltiples investigaciones penales, incluida una por insurrección, un delito grave que podría acarrear cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Corea del Sur. Aunque ha sido suspendido de sus funciones, Yoon conserva inmunidad presidencial frente a la mayoría de los cargos, excepto aquellos relacionados con traición o insurrección.
Además de las acusaciones contra Yoon, las investigaciones también se han extendido a figuras clave involucradas en la declaración de la ley marcial, incluidos comandantes militares y el ministro de Defensa. Sin embargo, Yoon se ha negado a cooperar con las citaciones emitidas por los fiscales, intensificando el conflicto entre las autoridades y su equipo de defensa.
El papel crucial del Tribunal Constitucional
El futuro político de Yoon depende ahora del Tribunal Constitucional, que debe decidir si confirma la votación de destitución realizada por la Asamblea Nacional o reintegra al expresidente en su cargo. El tribunal ha programado cinco sesiones de audiencias orales que se extenderán hasta el 4 de febrero. Si Yoon no comparece a la primera audiencia, prevista para este martes, el proceso continuará sin su presencia.
El tribunal tiene hasta 180 días para emitir un fallo, pero ha prometido priorizar el caso debido a su relevancia para la estabilidad política del país. No obstante, el proceso enfrenta un obstáculo adicional: actualmente, el tribunal de nueve miembros cuenta con solo ocho jueces debido a vacantes no llenadas, lo que podría complicar la toma de decisiones. Según la Constitución surcoreana, al menos seis jueces deben aprobar la destitución para que esta sea válida.
Si el tribunal confirma el juicio político, Yoon se convertirá en el presidente con el mandato más corto en la historia democrática de Corea del Sur, y el país deberá celebrar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Protestas y divisiones en la sociedad coreana
El caso de Yoon ha polarizado a la sociedad surcoreana, con manifestantes tanto a favor como en contra del expresidente tomando las calles a pesar de las bajas temperaturas invernales. Sus partidarios, en su mayoría conservadores, han formado un cerco alrededor de su residencia, mientras que sus detractores exigen su arresto inmediato y responsabilización por los abusos de poder cometidos durante su mandato.
Las tensiones también se han intensificado en el ámbito político. La destitución de Yoon llevó a la salida del primer ministro Han Duck-soo, quien también fue removido de su cargo por el Parlamento. Actualmente, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, actúa como presidente interino mientras el país espera la resolución del Tribunal Constitucional.
Un futuro incierto para Yoon y la estabilidad de Corea del Sur
La crisis política en Corea del Sur ha puesto en jaque no solo el futuro de Yoon Suk Yeol, sino también la estabilidad institucional del país. Si bien el proceso de destitución y las investigaciones penales avanzan, el desenlace sigue siendo incierto, con múltiples factores legales, políticos y sociales en juego.
El caso de Yoon destaca la complejidad de lidiar con líderes en funciones acusados de crímenes graves y pone de relieve las tensiones inherentes a un sistema democrático que busca equilibrar la justicia con la estabilidad política. A medida que el Tribunal Constitucional se prepara para deliberar, Corea del Sur enfrenta la posibilidad de un cambio significativo en su liderazgo y de un nuevo capítulo en su historia democrática.
